Una nueva “patadita” a los derechos humanos

He aprovechado la tarde de hoy para leer periódicos y blogs y de paso, leer un poco más acerca de los polémicos decretos legislativos que han sido promulgados hace pocos días gracias a las facultades que el Congreso de la República ha otorgado al Ejecutivo. ¿Problemas? Vaya que los hay.

Primero que nada, recuerdo que hace varios meses escribí un texto sobre el decretismo en América Latina. Aunque no lo crean, el Perú es uno de los países que hace más uso de estas facultades extraordinarias llamadas “decretos” (de urgencia o legislativos) que, como su nombre indica, deberían ser utilizados solo en casos extraordinarios. En nuestro país, así como en otros de la región (imaginen el caso de Venezuela, por ejemplo) el decretismo es una práctica extendida que evidencia la precaria democracia en la cual seguimos viviendo. Lástima que en el texto en el cual me basé para escribir ese texto hace unos meses no se contaran todavía los decretos promulgados por Alan García desde el año 2008. Seguro que el panorama habría sido aún más “decretista”.

Dicho esto, veamos ahora los recién promulgados decretos legislativos que, como afirman los especialistas, constituyen una amenaza contra los Derechos Humanos y pasan por alto los tratados internacionales de los cuales el Perú forma parte y debiera respetar. Recordemos que en la época de Fujimiori saltearse estas convenciones trajo graves consecuencias.

Para ver el aspecto enteramente legal del asunto y con mucho detalle recomiendo que se den una vueltita por el Tercer Piso del amigo Godoy pues lo explica lo más claro posible traduciendo las argucias legales detrás de los decretos. Lo más importante, creo, es el hecho de que recordemos la época de Fujimori en que, en palabras de Godoy:
“Va pasar lo mismo que en la época de Fujimori: gobierno saca norma incsontitucional o controvertida, gritería desde algunos sectores, interposición de denuncias en fuero interno e internacional, papelón del gobierno, declaración de inconstitucionalidad de la norma o sentencia en el sistema interamericano y, finalmente, volver a hacer los procesos que quedaron pendientes.”

O sea, no se acabará nunca. Muy por el contrario, seguirá pateándose una serie de procesos que de por sí ya son lentos. La solución llegará sabrá Alá cuándo.

Hoy, en La República, se menciona el tema de la discriminación del decreto 1097, el más polémico de todos, pues solo favorece a policías, militares y civiles procesados por delitos de lesa humanidad, a quienes se procura juicios rápidos ya que si hay demora en juzgarlos se les excluye del proceso. Mientras tanto, a los más de 50 mil presos de las cárceles del Perú se les seguirá juzgando bajo las reglas actuales. Así como lo leen. Increíble ¿no?

Ahora bien, el gran tema aquí es la capacidad del gobierno de turno de pasarse por alto el respeto a los Derechos Humanos luego de que, como bien afirma Rospigliosi, en los dos gobiernos anteriores a este segundo García se haya buscado avanzar en esta materia. Cómo es posible que se permita semejante retroceso a lo desarrollado en la primear mitad de la década. ¿Es que acaso se trata de un tema insignificante o, por el contrario, fundamental para fortalecer nuestra democracia?

Hay un punto fundamental que el Presidente García no acaba de entender: globalización no es solo firmas de TLC y la inserción del país en el mercado mundial. Como afirma Ronald Gamarra, la globalización implica también ir acorde con el sistema internacional de vigencia de libertades democráticas, respeto a los derechos humanos, ciudadanía, etc. ¿Qué clase de globalización es esa donde solo atendemos el tema económico?

Lamentablemente, el precio de estos decretos los pagaremos en breve. Revisen este documento elaborado por IDL en el cual se mencionan los cuestionamientos a cada uno de los decretos recientemente promulgados. Sin duda, el decreto No 1097 es el más polémico de todos al señalar que la Convención Internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra los derechos humanos solo surte efecto a partir de noviembre del 2003. Con ello se contradice la Corte Interamericana de DDHH en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, la sentencia de la Corte Suprema en el caso de Alberto Fujimori, etc. O sea, que los personajes involucrados pueden agarrarse de esta norma y gozar de impunidad por las violaciones de DDHH perpetradas durante el conflicto armado interno. ¡Asu mare! Fujimori debe estar sonriendo pues su mejor aliada resultó no ser su hija sino el Presidente García.

¿Cómo es posible que nos permitamos semejante retroceso? Astutamente, estos decretos han sido promulgados en plena campaña electoral en que, ¡oh coincidencia!, la atención mediática y ciudadana está en los dimes y diretes campañeros que, casualmente, han sacado a la luz nuevamente el cuco terrorista para perjudicar a una de las candidatas que lideran las encuestas. ¿Casualidad? No lo creo. Esta es, a mi modo de ver, de las peores cosas que nos dejará el segundo gobierno de García, y lo terrible es que no nos damos cuenta.

Vean los cuestionamientos a los decretos por IDL aquí.