Un tema que no suele ocupar muchas páginas en los medios de prensa escrita, o muchos minutos en los medios de comunicación radial o televisiva, es el asunto penitenciario. Sin embargo, al respecto sabemos algunos datos, no tanto por la presencia mediática del asunto, sino tal vez por una realidad evidente que es imposible pasar por alto.
En el Perú hay 85 penales activos, no tan descentralizados, pero en diversos puntos del país; sin embargo, al parecer estos recintos no se dan abasto y cada cierto tiempo nos damos con la realidad de que los presos se encuentran hacinados. Veamos San Juan de Lurigancho por ejemplo, tiene capacidad para 3mil 204 presos y actualmente alberga a 9 mil 597. ¿Notan el desbalance?
Conversaba con un amigo acerca de la percepción ciudadana respecto a este tema y la idea generalizada es que no importa cómo esté el preso a fin de que esté preso. Lo demás es lo de menos. Bueno, es cierto que hay descontento hacia los presos y no seré yo quien sea indulgente con ellos pues la cosa es clara: el descontento e incluso la pizca de desinterés, se justifica en la medida en que hablamos de personas que han violado la ley perjudicando a terceros y a la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, aquí caben algunas precisiones. Por un lado, el hecho de que los presos tienen derechos. Este argumento, que por cierto nunca debiera dejarse de lado, puede sonar medio sonso puesto que, como mencioné líneas arriba, el descontento es sumo. No obstante hay otro asunto muy importante.
Digamos que nos importa un cuerno lo de los derechos puesto que lo que nos interesa es que estas personas estén presas por actuar contra la ley o al margen de ella (que quede claro, que no es mi posición puesto que sí me importan los derechos de los presos) ¿acaso el hacinamiento en los penales no resulta igual de perjudicial para nosotros?
Con el hacinamiento actual en las cárceles, se facilitan los amotinamientos, la corrupción a diestra y siniestra y también el escape de los presos. Si en un penal se excede tanto la capacidad, el resguardo del mismo resulta sumamente difícil. En ese sentido, en el aspecto más pragmático del asunto, no nos conviene a los ciudadanos (incluso a aquellos que solo les interesa que los presos se mantengan en sus penales) que estos se encuentren repletos.
Pero, el asunto del hacinamiento y la dificultad en la administración de penales no es un tema nuevo. De hecho, al respecto podemos ver varios reportajes e incluso acceder a ciertas noticias. Ahora bien, el detalle está en ¿qué hacer para mejorar las deficiencias en el sistema penitenciario?
Uyuyuy, la respuesta está difícil, pero vale la pena echarle un ojo a ciertas posibilidades y, sobre todo, a las propuestas dadas por quienes se encuentran a la cabeza de estas instituciones.
Durante este gobierno ha habido ya cuatro jefes del INPE (Instituto Nacional Penitenciario). Rosa Mavila, Benedicto Jiménez (más conocido como el sheriff), Gustavo Carrión y Leonardo Caparrós. Si algo podemos inferir de este dato es que mucha continuidad y estabilidad dentro de este Instituto no hay. Ahora bien, centrémonos en los últimos dos jefes del INPE y notaremos que la cuestión es bastante más compleja.
La razón por la cual Gustavo Carrión habría renunciado a su cargo se debería a su negativa frente a la propuesta de la Ministra de Justicia (Rosario Fernández) respecto al tema de tercerización o privatización de las cárceles. Ojo, cuando hablo de tercerización o privatización, no me refiero a que signifiquen lo mismo; de hecho un punto central de la discusión se encuentra en la falta de claridad respecto a la propuesta.
Para entender un poco más el asunto consulté con algunos amigos que dominan el tema jurídico mejor que yo y acá va una explicación sencilla. Hablamos de tercerización cuando se mantiene la administración de la institución (en este caso, la mantendría el Estado) y se deja el manejo de otras funciones a un tercero. Por ejemplo, los alimentos de los presos. Por otro lado, se habla de privatización cuando se deja TODO EL MANEJO de la institución a un privado.
¿Por qué esta terminología resulta importante? Porque el Ministerio de Justicia tiene la intención de o tercerizar o privatizar los penales. Ahora ustedes pueden preguntar, ¿Laura, y cómo sabemos si se busca lo uno o lo otro? Ahí está el detalle pues, no lo sabemos y no lo sabremos hasta que se haya tomado la decisión. Así que por el momento, solo podemos seguir esperando.
Sin embargo, durante la espera podemos preguntarnos también sobre los beneficios y perjuicios que pueden traer estas medidas.
Como bien menciona este texto del IDL, el objetivo de la empresa privada es ganar por cuidar presos. En ese sentido, habría que ver si realmente al Estado le sale más barato (o en todo caso igual de caro) tercerizar o privatizar los penales. Todo parece indicar que los costos serían mayores y ello nos lleva a otra pregunta ¿por qué mejor entonces, no se aumenta el presupuesto al INPE?
Claro que aquí algunos pueden decir que confían mil veces más en las empresas privadas que en el Estado, pero cabe hacer una aclaración. Al margen del gobierno de turno, es el Estado el ente más neutral (en principio) para velar por el funcionamiento de sus penales. Ojo que una empresa privada se rige por otro tipo de normas y, también, intereses así que cuidadito con las empresas privadas a las cuales se les va a ceder el manejo de los establecimientos penitenciarios. ¿Cuál será el ente que fiscalice esto?
No obstante, también hay argumentos a favor de la tercerización (o privatización) de las cárceles (un texto muy completo aquí). Se dice, por ejemplo, que la corrupción será menor puesto que el resguardo de los establecimientos no se encontrará a cargo de los policías, quienes por sus bajos sueldos pueden ceder a las tentaciones del billete. Por otro lado, se menciona que las empresas privadas podrían construir nuevos establecimientos penitenciarios y con ello podría reducirse el hacinamiento de los presos, lo cual es sin duda, un punto central.
Al respecto, el actual jefe del INPE ha mencionado algunas cuestiones y queda algo claro que la propuesta del Ministerio de Justicia tiene todas las de concretarse. Por un lado, la comisión encargada de evaluar el proceso de privatización está integrada por algunas personas que ven en la privatización una solución general; por otro lado, el mismo jefe del INPE es miembro de la comisión. ¿Acaso él también dejará el cargo para ir contra los deseos de la Ministra de Justicia? No lo creo.
Claro está que la empresa privada puede jugar un rol importante puesto que su forma de organización y desarrollo es distinta a la estatal y, generalmente, su burocracia no es tanta y resulta más eficiente. Sin embargo, entra aquí un asunto anecdótico, tal vez una gran oportunidad de la empresa privada para ganarse el respeto ciudadano fue FORSUR y miren cómo andamos. En cero todavía.
Por otro lado, tengo la ligera impresión de que lo que busca el gobierno es sacarse del zapato el rocón que supone enfrentar el asunto de la reforma en los establecimientos penitenciarios. No olvidemos que una constante del gobierno de turno es crear nuevos organismos para problemitas puntuales, ya sea para hacer creer a la población que se está avanzando en la resolución de los mismos, o simplemente, con el objetivo de quitarse de encima los grandes pesos.
En todo caso, es preciso que el debate siga abierto. No hay nada peor que tomar medidas sin haber evaluado antes los pros y contras de las mismas. Pero eso sí, no vale tomar decisiones bajo la mesa, es preciso que estemos atentos a estas reformas que nos afectan directamente.
5 comentarios:
De acuerso que los presos tiene derechos, pero ellos deben de hacerlos valer, no la sociedad. mejores carceles? comida gourmet? pijamas a tono con el decorado? vale! pero que ellos o sus familiares pongan el dinero por delante! porque debo aumentar el presupuesto del INPE? yo lo reduciria!
No tengo que lavar mi conciencia ni aclarar de que estoy de tal o cual lado: el que delinque (y lo atrapan, porque hay muchos que zafaron) que se joda!
Como siempre un buen artículo que me aclara varias cosas. Pero me sorprende que no menciones cuál es el objetivo de la cárcel. Según la propia Constitución, el objetivo del sistema penitenciario es lograr la rehabilitación y resocialización del preso. ¿Una cárcel con un exceso poblacional del 200%, como Lurigancho, ayudará a que el preso se resocialice? ¿O por el contrario será una universidad del crimen? Esta es la pregunta central. Por supuesto, yo pienso que el sistema penal no sirve para nada, solamente para enseñar al preso a reincidir (porque una vez que sales... ¿a qué te puede4s dedicar si nadie le da trabajo a un ex preso?). Ni estatales ni privadas: abajo los muros de las cárceles! Pronto estaré escribiendo más al respecto. Besos,
Paul
A ver, sucede que nuestro sistema penal se basa simplemente en la venganza. No es un argumento cristiano sino la simple verdad. Deberíamos pensar más en como la persona que está en falta con la sociedad resarce el daño, que en pensar como nos vengamos del desgraciado. Además ya todos sabemos que hay mucha gente que delinque abiertamente y por circunstancias de la vida están colendo y libres. Me remito al chiste aquel que dice que por robar una gallina te meten dos años preso, por asaltar un banco 15, y por asaltar al Estado eres presidente y asi seguimos en la escala hasta el Vaticano. El hecho que García sea presidente y Fujimori en la carcel es solamente por el azahar del destino, pues son casi lo mismo. El tema es realmente complejo y para abordarlo hay que despercudirse de muchos prejuicios.
Estimado anónimo (02:50 am), es cierto que depende de uno hacer valer sus derechos, sin embargo mi pregunta sería, ¿cuánta capacidad tienen de facto los presos para hacer valer los suyos? Me remito al comentario del amigo Gerardo que ha manifestado muy acertadamente que nuestro sistema penal se basa en la venganza, lo cual vemos evidenciado a diario en nuestro desinterés.
Ahora bien, nadie está pidiendo comida gourmet o pijamas a tono como has caricaturizado graciosamente, sino condiciones carcelarias dignas por dos razones: la primera porque es un derecho y la segunda, pues el hacinamiento en los penales resulta perjudicial para los ciudadanos ya que se facilitan situaciones como los amotinamientos, la corrupción, etc.
Estimado Runa, gracias por el comentario y tienes razón respecto al objetivo de la cárcel. Ahora bien, como comprenderás la intención del texto era poner de relieve un par de asuntos particulares respecto a ellas (condiciones y tercerización), pero cabe el detalle.
Cierto es que la posibilidad de resocialización es un tema bastante complejo y las medidas no son las adecuadas para que ello funcione de la mejor manera; sin embargo, al margen de ello no podría decir que el sistema penal no sirve para nada (asumo, en todo caso, que te refieres al caso concreto de cárceles peruanas que exceden su capacidad). Cabe conversar al respecto, pero ¿no cárceles? Quisiera escuchar alguna sugerencia en todo caso.
Saludos y gracias por los comentarios.
El ideal de la cárcel es, como bien dicen Runa y la Constitución, reinsertar al preso en la sociedad. Pero sucede más, por hacinamiento, "malas juntas" dentro, etc., que o terminan como licenciados en cometer crímenes o hacen de los penales sus centros de operación. Para algunos capos la cárcel termina siendo un lugar más cómodo para vivir-delinquir. Dependiendo del delito, de la persona, de la educación que debería dárseles para su reinserción social, el preso podrá salir y hacer útil su libertad. Tal vez las cárceles nacionales ya no tengan como fin final la resocialización, sino mejorar el control del crimen desde el interior. esta conclusión por la demostrada incapacidad de manejar estos centros. Para ello, parece, la privatización es una solución. ¿Lo será efectivamente? ¿Lograrán diferencias con ello? ¿Es la privatización, en general, la solución para aquellas cosas en las que le Estado se muestra ineficiente? Yo sí creo que algo que se puede privatizar (no esa enfermiza paranoia acelerada de querer privatizar TODO) son las cárceles, pero con sumo cuidado, considerando que son personas que saldrán (algún día) de nuevo y que el estigma de ex-reo condiciona la oportunidad de ejercer su ciudadanía. Para que esto se logre, el Estado DEBE necesariamente intervenir y participar de la privatización sin desligarse del asunto una vez que esa responsabilidada pase a otras manos. En fin...si sigo así, mejor me abro un blog. De hecho, escribí ayer algunas cosas sobre la privatización que te voy a mandar. Chu!
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