Más allá del FONAVI

Los medios de comunicación han presentado durante varios días la discusión entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Tribunal Constitucional (TC) a raíz del caso del FONAVI. Acerca del mismo, también se ha hecho mención en diversos espacios (hacer clic aquí y aquí), sin embargo hay un gran tema de fondo que es preciso mirar con detenimiento pues, en buena cuenta, afecta directamente a todos los peruanos.

Tal vez estemos de acuerdo en que la percepción ciudadana respecto de nuestras instituciones públicas brinda, generalmente, notas desaprobatorias. Esto se debe, y no debe perderse de vista, a precedentes reales; en otras palabras, generalmente las instituciones se merecen la nota que los ciudadanos les ponemos.

En sociedades como la nuestra, que se jactan de la democracia por la cual se rigen (al margen de que esta sea débil y precaria) resulta igual de importante el desempeño real de las instancias como la percepción que se tiene de las mismas. Algunos podrían decirme que lo realmente importante es el funcionamiento y no tanto lo que se piensa de él; a ellos les diría que se trata de una conjunción de ambas situaciones: por un lado el desempeño de las instituciones y, por otro (y en igual importancia) lo que la ciudadanía piensa de él.

Si la ciudadanía considera que tal o cual organismo está funcionando hasta las patas, algo debe estar pasando.

¿Por qué la importancia de la percepción ciudadana y qué cuernos tiene que ver con el asunto del TC y el JNE?
Ah pues, tiene mucha relación.

Acá debo decir que considero que el Tribunal Constitucional ha hecho bien en defender la interpretación que hace de la constitución, puesto que es la entidad responsable de ello; en ese sentido, guste o no la posición que se haya tomado, debe obedecerse el fallo.

El caso particular del FONAVI, a mi modo de ver, responde a una intención justa de quienes reclaman aquello que nunca han recibido y que por tanto fueron víctimas de una estafa por parte del Estado. Es preciso reconocer también, que los fonavistas han presentado alternativas sensatas para llegar a cierto acuerdo, y ello debe resaltarse pues no es propio de quienes reclaman en un país como el nuestro, brindar soluciones, lo cual implica también, pensar y ponerse en el lugar del otro.

Sin embargo, y como mencioné líneas arriba, lo que se encuentra en el fondo de todo este asunto no se limita a este caso particular. Por un lado, y ello ya ha sido mencionado, el ánimo anti-TC es propio de espacios en los cuales el respeto por los derechos de los ciudadanos es menos que bajo. En la época de Fujimori, la “sacada de vuelta” de este organismo era particularmente clara. El Congreso actual, ha dado visos (no todas las bancadas, desde luego) de tener opiniones matizadas al respecto, a lo cual debemos prestar atención.

¿A dónde acudiremos cuando sea preciso hacer valer nuestros derechos? El TC no responde a intereses políticos y ello es fundamental.

Queda claro pues, que el JNE debe hacer caso al fallo del TC dado que se trata de la instancia encargada de ello. La necedad del Jurado puede responder a intereses particulares y políticos, es cierto, pero al margen de eso, lo realmente importante es que dejen de ir contra la ley.

Ahora bien, y para concluir, regresemos al asunto de la percepción ciudadana. Estimados, este lío nos pinta de cuerpo entero la debilidad de las instituciones públicas y, además, la poca importancia que nuestros representantes políticos le dan a este tema.

Un país cuyas instituciones públicas no brindan confianza a la población, está condenado a desarrollarse bajo el lema de “sacarle la vuelta a…”, la pregunta es ¿hasta dónde podemos llegar con eso? No muy lejos.

Un amigo bloggero comenta hoy: estamos asistiendo a una comedia de equivocaciones que puede terminar con dos consecuencias claras: la dilación en la solución de un problema social que tiene varios años sin resolverse y una afectación fuerte de la institucionalidad en el Perú.

Estoy de acuerdo en buena cuenta, pero hay que recordar algo importante: la afectación fuerte de la institucionalidad en nuestro país, no es asunto de hoy ni de ayer. Tiene ya muchísimos años soterrada y lo que ha pasado ahora es que se ha develado.

Por otro lado, Mirko Lauer comenta: alguna encuestadora podría preguntar si nos sentimos más cómodos con la autoridad del TC o con la del Congreso. No se engañen los amigos de la bancada aprista: el desprestigio no es un accidente.

¡Por supuesto que no es un accidente! Y tanto la bancada aprista como los congresistas de otras bancadas deben caer en la cuenta de que si se sientan en sus escaños, en muchos casos, es por mera suerte. Si se pierde eso de vista, al margen del aparente funcionamiento de este importante poder del Estado, lo único que se tiene es la forma y no el fondo.

El caso del FONAVI ha puesto en evidencia un hecho lamentable; no solo tenemos restregada en la cara la debilidad institucional de nuestro país, sino además la nula disposición de muchos de nuestros representantes por observarse a sí mismos como parte de la solución. Si son los mismos padres de la patria, quienes comulgan con la rebeldía del JNE, entonces la pregunta ya no es "y ahora ¿quién podrá defendernos?", sino "¿quién debería hacerlo?"