Justicia lenta no es justicia

El día de ayer se dio inicio al año judicial 2008 en medio de una huelga en el Poder Judicial que tiene vigencia desde el mes de noviembre. Las motivaciones de la huelga y la pertinencia de la misma han sido ampliamente discutidas en los medios, pero cabe hacer más reflexiones sobre un problema que es bastante más hondo.

Es preciso reconocer que resulta sumamente negativo iniciar un año judicial en medio de una huelga pues, además de ser entonces una inauguración bastante vacía pues el PJ no se encuentra desarrollándose con normalidad, el sistema de justicia en nuestro país es poco menos que aprobado por la ciudadanía. En ese sentido, la huelga resulta un indicador de los tropiezos que los ciudadanos percibimos pero que se dan, y vaya que ello es fuerte, de manera interna. Ello resulta preocupante.

La ley 29155 (domingo 16 de diciembre 2007) autoriza al Ministerio de Economía a otorgar una bonificación al trabajador judicial, pero el 22 de diciembre del año que acaba de terminar se desautorizó dicha asignación mediante el Decreto de Urgencia 048-2007. Acá hay más de un problema.

Por un lado tenemos un asunto que antes bien es una reincidencia. Hace algunos meses denuncié la irresponsabilidad por parte del Presidente García respecto al reclamo de los docentes universitarios por homologar sus sueldos con el de los magistrados del Poder Judicial (dicha propuesta se había puesto en marcha desde el gobierno de Alejandro Toledo).

¿Por qué encuentro relación entre la huelga actual del PJ y el pedido de los docentes universitarios? Lo que ocurre es que no podemos decir que los bajos sueldos del PJ son un problema exclusivo de ese sector. Hay varios sectores vitales para el desarrollo óptimo de la sociedad (como justicia y educación) que tienen exactamente el mismo problema; sin embargo, a ello se le añade esta reincidencia equívoca por parte del gobierno: reglas de juego incumplidas.

Si la ley 29155 contemplaba el pago de la bonificación a los trabajadores judiciales y luego el decreto de urgencia lo desautoriza, ¿acaso la reacción de los trabajadores no es predecible? Creo que sí.

Ahora bien, es preciso reconocer que lo que afirma el premier Jorge del Castillo también es cierto: la ley aprobada por el Congreso disponía que este beneficio procedía en la medida en que la partida de remuneraciones del PJ registrara saldos a fin de año.

Bueno pues, he ahí tal vez el principal error, esta suerte de ambigüedad riesgosa en la ley aprobada que debió quedar clara desde un inicio: bonificación sí o no. Ese tipo de riesgos no debe proceder pues ya conocemos las consecuencias y en este momento, nos encontramos viviendo una de ellas que, desde luego, perjudica sobre todo a los muchos peruanos que reclaman (justamente) que el PJ trabaje con normalidad.

Por otro lado, tenemos también una respuesta bastante inflexible por parte del Ejecutivo. El Premier ha declarado nada menos que el pago a los huelguistas es “ilegal”. Bueno, ha habido huelgas en el PJ durante los últimos años y nunca estas fueron declaradas legales. Si lo que se desea es fomentar un espacio de diálogo para llegar a soluciones medias, al margen de toda la razón que pudiera tener el compañero Jorgito, la declaración que hizo resulta inoportuna.

Lo cierto es, y ese es el problema de fondo, que la política salarial estatal no está contemplando entre sus prioridades los que son, en buena cuenta, los Derechos Humanos de los trabajadores. Ha habido, en primer lugar, una irresponsabilidad en la ambigüedad de la ley aprobada por el Congreso, pero por el otro, una falta de respeto a las expectativas que tenían los trabajadores judiciales basadas en dicha ley. La comunicación anda por los suelos.

Este descontento entre el PJ y el MEF resulta un problema bastante grave en el cual, el Ministro de Economía pinta más por ausencia que por otra cosa. El portavoz del portafolio, es antes del Castillo quien parece haber tomado el asunto como algo más personal por el tonito que utiliza cuando se refiere a esta huelga y a los trabajadores que en ella participan.

No estaría de más hacer una mención, aunque ligera y superficial, sobre los últimos anuncios de Francisco Távara, presidente del Poder Judicial, en los cuales menciona la posibilidad de que se cite al Presidente de la República, Alan García en calidad de testigo sobre los casos de El Frontón, Cayara y Accomarca. Evidentemente, no se ha tratado de un anuncio recibido con felicidad por parte del oficialismo y ha sido precisamente del Castillo quien ha comentado varias veces al respecto.

Estas medidas respecto a la importancia que tiene velar por la defensa de los Derechos Humanos no han caído nada bien en un gobierno que, ha decidido recurrentemente guardar silencio y cerrar los ojos frente a casos similares. Por otro lado, la defensa de García hacia Morales Bermúdez (antes de conocer el expediente respectivo) resulta también delicada justamente en un contexto en el cual el juicio a Alberto Fujimori se encuentra en pleno desarrollo, y el tema de fondo son también los Derechos Humanos. Por otro lado, el apoyo del gabinete a las declaraciones del Presidente, ratifican el amén que se hace a lo que dice el mandatario.

Cerrando el paréntesis, esperemos que las relaciones entre el PJ y el Ejecutivo empiecen a tomar nuevos rumbos más positivos. De lo contrario, la huelga continuará y ello solo traerá como consecuencia el estancamiento de un sector que necesita una reforma urgente y gozar, qué duda cabe, de la confianza de los peruanos. De lo contrario, ¿qué tipo de democracia estamos construyendo? Es preciso reconocer el error, pero sobre todo enmendarlo. El Ejecutivo tiene la palabra.

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