Con el proyecto de ley presentado el 22 de septiembre, cuyo objetivo es declarar de interés nacional la inversión minera en el País, el gobierno peruano está diciendo a la minería el famoso “sí o sí” del cual tanto se quejaba cuando el que lo enunciaba era Toledo frente a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
Recuerdo que uno de los principales reproches al ex presidente era justamente el que le recordaba que resulta imposible negociar algo si de arranque se anuncia que la firma procederá de todas maneras. En ese sentido, hay que ser claros, Alejandro Toledo incurrió en un gran error. Sin embargo, ahora el presidente García hace lo propio y lo peligroso está en que en el asunto minero la negociación resulta INJUSTIFICABLE en el tema medioambiental por ejemplo.
Es conocida la débil política medioambiental estatal y además el poco empuje que se le pone cuando se trata de la inversión minera ¿acaso con este proyecto no peligra aún más?
Lo interesante es cuando surgen las voces declarando que debemos entender al gobierno ya que la renta que genera la minería es el 50% de la renta nacional, pero por favor, en pos de la renta no podemos pasar por alto otras cuestiones. Acá no se están negociando cifras ni productos, sino vidas. La contaminación no atenta contra productos sino contra seres humanos y no solo de un grupo, sino todos. A ver, ¿acaso podemos negociar con vidas humanas? ¿Cuál sería en dicho caso el motor tras la negociación? ¿Cuáles valen más y cuáles menos? Creo que ya entienden el punto.
Entiendo que la renta que brinda la minería sea más que significativa, pero ello no justifica la apertura de brazos total sin examinar los costos al mediano y largo plazo. Es preciso fortalecer las políticas medioambientales y velar por el cumplimiento de las leyes que protejan el ambiente antes de considerar de “interés nacional la inversión minera”; para tal caso, también deberíamos declarar de interés nacional la protección del medio ambiente y la defensa de los pobladores que habitan cerca de los lugares de explotación minera.
Ahora bien, tampoco se trata de renunciar a la minería y empezar a poner el ojo únicamente en otras actividades. Lo cierto es que la minería debe proceder, el asunto está en el cómo. Las licencias estatales no le hacen ningún favor ni al medio ambiente ni a la población que tiene un prejuicio que no es gratuito.
Como bien mencionaban algunos a raíz del tema Majaz, la minería no es mala per sé. La reputación ganada se debe a una serie de precedentes que bien puede ser mejorada si se trabaja en armonía con la población y se respeta la zona de la cual se trate. Ahora bien, la minería tampoco es buena per sé, todo tiene que ver con la manera en que es realizada, vale decir, con el contexto.
El problema al cual se enfrenta el gobierno no es fácil pues puede empezar una ola de levantamientos anti mineros al interior del país. Todo esto, porque no existen garantías de explotación responsable. El Estado debe también llevar la voz del pueblo, de aquellos que desconfían y no solo basarse en cifras de costo y beneficio. El costo, a la larga, será mayor y la respuesta, peligrosa.